La Agencia Tributaria establece que la prima satisfecha del seguro médico como el de Caser, siendo autónomo, puede tener la consideración de “gasto fiscalmente deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa”.
Además, también podrías deducirte las primas de seguro de enfermedad que satisfagas respecto a determinados familiares, porque la Administración Tributaria incluye “las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él”.
Por norma general, el seguro de salud privado no se considera fiscalmente deducible, pero existen ciertos supuestos en los que sí es posible deducir la prima de la póliza médica en la declaración de la renta. Es el caso de los trabajadores autónomos, pueden deducir las primas satisfechas a la compañía de seguros por la cobertura de enfermedad, hasta una cantidad límite de 500 euros anuales por cada persona especificada anteriormente (cónyuge e hijos convivientes que cumplan determinados requisitos) – 1.500 euros en caso de discapacitados siempre que tribute en estimación directa.
En el caso de que se supere ese límite, el resto no se considera gasto fiscalmente deducible y deberá ser objeto de tributación.
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Puedes disfrutar de la protección que te ofrece tu seguro de salud desde el primer día indicado en el contrato de tu póliza, excepto en el caso específico de aquellas coberturas que cuenten con un periodo de carencia reflejado expresamente en dicho contrato.
Si has decidido contratar un seguro de salud sin copago, no deberás abonar ninguna cantidad económica adicional, más allá de la prima de tu seguro, por la totalidad de servicios contemplados en tu póliza de seguro. Por el contrario, en caso de que elijas un seguro con copago, asumirás una parte del coste de algunos servicios a cambio de disfrutar de una prima de seguro anual más asequible para tu bolsillo.
Al contratar un seguro de salud, el periodo de carencia hace referencia a la existencia de un plazo de tiempo necesario, desde la contratación del mismo, para poder acceder sin limitaciones a determinados tratamientos, diagnósticos e intervenciones concretas, que incluyen este aspecto por implicar un mayor coste o complejidad.