Además de lo anterior, dicho certificado también contendrá los datos de la compañía aseguradora de cada póliza a fin de que, en última instancia, el interesado que solicita el certificado pueda acudir a dichas entidades para verificar su eventual condición de beneficiario en las pólizas.
Como ya indicábamos previamente, los seguros de los que nos informará este certificado son los seguros de vida y el seguro de accidentes, ya sean individuales o colectivos, que cubran el fallecimiento del asegurado, a excepción de los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones.
En el caso de que la persona fallecida no figurase como asegurada en ningún contrato, este extremo constaría en el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento de manera expresa.
El certificado se puede solicitar de manera virtual a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia, rellenando de forma obligatoria el Modelo 790, que se puede descargar por internet de manera gratuita. También se podrá solicitar presencialmente en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o en la Oficina Central de Atención al Ciudadano de Madrid o, en última instancia, se podrá remitir la solicitud por correo ordinario.
La solicitud podrá realizarse una vez transcurridos 15 días hábiles desde la fecha de fallecimiento del asegurado y durante un plazo de cinco años que comenzará a computarse desde dicho fallecimiento.
Podrá solicitar el certificado cualquier persona interesada en esta información, siempre que presente los documentos requeridos, entre los que cabe destacar el modelo 790 ya citado, con el pago de la correspondiente tasa, o el certificado de defunción de la persona sobre la que se pregunta.
Cuanto el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento surta efectos en el extranjero, necesita ser legalizado, y existe un trámite concreto para ello. Es importante que, si éste es su caso, así lo haga constar cuando solicite su expedición al Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento.
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Uno de los mayores peligros que pueden sufrir los menores de edad cuando hacen uso de internet es el llamado grooming, una práctica delictiva que llevan a cabo individuos adultos y que es muy difícil de detectar a tiempo, de ahí la importancia hoy en día de la educación digital de nuestros hijos.
El Defensor del partícipe es una figura establecida legalmente en el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y cuya finalidad reside en garantizar la defensa de los intereses de inversionistas y ahorradores que cuentan con un plan de pensiones o cualquier producto de inversión o ahorro análogo en vigor.
