Se seleccionan activos según el perfil de la plantilla y el nivel de riesgo. Cada vez tienen más peso los criterios de sostenibilidad.
Los productos de ahorro enfocados a la jubilación tienen características comunes con independencia del que se elija. Una de ellas es que la inversión es a largo plazo, otra que siguen estrategias adecuadas al perfil de riesgo y, en tercer lugar, que todos buscan obtener la máxima rentabilidad llegado el momento del retiro laboral.
Los planes de pensiones de empleo (PPE) son una propuesta de la compañía a sus trabajadores que se rige por esas mismas directrices de inversión comunes con el resto de las opciones disponibles en el mercado. Eso sí, en los PPE se tienen en cuenta el negocio de la empresa, las diferentes edades del colectivo, sus situaciones patrimoniales… todo con el fin de definir una estrategia de inversión que dé una respuesta adecuada.
Los planes de pensiones de empleo invierten en renta variable, en renta fija o en ambos activos a la vez con diferente peso. Pero también el PPE puede optar además por productos alternativos, más sofisticados, como la inversión en productos derivados, fondos cotizados (ETF) o indexados, y elegir entre quedarse en mercado nacional o traspasar fronteras. Las combinaciones son múltiples con el objetivo de buscar la máxima diversificación y conseguir el mejor binomio rentabilidad-riesgo, al tiempo que se adapta la cartera de inversión a los diferentes perfiles de riesgo de los partícipes en los planes, que a su vez son los empleados.
Como está ocurriendo en el resto de las clases de inversiones, los PPE se interesan cada vez más por la incorporación en las carteras de activos que respondan a Inversión Socialmente Responsable (ISR) o incluyan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, agrupados en las siglas ASG (en inglés ESG), en los procesos de selección.
En este caso, lo más común es que la selección se realice a través de políticas de exclusión. Es decir, se decide no invertir en compañías de determinados sectores que propicien violencia o malos hábitos (tabacaleras, armas, alcohol, etc.), no sean respetuosas con el medio ambiente (uso de energías contaminantes) o no cumplan con criterios de igualdad (por ejemplo, discriminación salarial o por sexos o raza).
La comisión de control, formada de modo paritario por representantes de la empresa y de los trabajadores, es quien define la política de inversión que se va a seguir para el PPE. Esta elige una gestora especializada que se encargará de invertir el patrimonio aportado al plan de pensiones de empleo.
Entre sus funciones está también la de informar de forma periódica a la plantilla suscrita al plan del valor de los derechos consolidados, de la rentabilidad generada y de cualquier modificación que se realice.
Asimismo, dicha comisión debe comunicar sobre los criterios que se han seguido para selección de los activos, los porcentajes asignados a los activos, o los riesgos inherentes de la inversión. En definitiva, el perfil de riesgo que presenta la cartera de inversión.
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